Uno de los fenómenos sociales menos entendidos es el de la criminalidad, particularmente el del crimen organizado. Seguimos llamando a los grupos del crimen organizado cárteles de la droga, limitando su actividad criminal al narcomenudeo y otros delitos en el ámbito local cuando, según el Índice Global de Crimen Organizado (Global Initiative 2024), se trata de organizaciones criminales sostenidas por un mercado trasnacional que abarca al menos 15 actividades ilícitas: desde el tráfico de drogas y personas hasta el tráfico de armas, piratería, extorsión –como el cobro de derecho de piso– el lavado de dinero etc. El informe señala un aumento global en los niveles de criminalidad, con grupos que operan como redes transnacionales y que consolidan sus territorios mediante violencia extrema. Sergio Aguayo del Colegio de México documento que la trasnacional con más presencia en el mundo son los grupos del crimen organizado mexicanos.
Los rendimientos económicos de esta “macro criminalidad” de estos grupos, explican la capacidad de fuego de estas organizaciones cada vez peligrosas, que emplean desde armas como el Minimi hasta drones artillados y minas antipersonas, evidenciado su capacidad letal en territorios de Michoacán, vasta voltear a ver los recurrentes episodios con los que estos grupos infunden miedo y han asesinado a soldados y civiles en comunidades de Apatzingán, ocasionando el fenómeno de los desplazamientos forzados.
Qué nos espera para este 2025
Un pesimista no es más que un optimista bien informado, esta frase de Benedetti resuena con especial fuerza al analizar la complejidad de la criminalidad en Michoacán y México en general. En un año que inicia con una crisis de homicidios dolosos, el optimismo ingenuo de soluciones rápidas y milagrosas se enfrenta a la cruda realidad: la corrupción y la impunidad son los dos factores principales que alimentan la tierra fértil del crimen organizado. Pretender construir seguridad sin abordar estas raíces es, en el mejor de los casos, una ilusión.
Mientras tanto, el zar de la seguridad en México, Omar García Harfuch, enfrenta con todo el poder del Estado mexicano que la reforma de la presidenta Sheinbaum le otorgó, a decenas de grupos del crimen organizado que se multiplicaron durante el período de López Obrador, su tarea no se limita a estas «batallas» en el terreno de la violencia directa; también enfrenta la corrupción e impunidad que permea tanto al partido en el poder como a las fuerzas políticas de la oposición.
La corrupción y la impunidad son los pilares de un sistema fallido. Según el Dr. Salvador Maldonado Aranda, investigador del Colegio de Michoacán, estas dinámicas no solo perpetúan la violencia, sino que también minan la legitimidad del Estado al crear un entorno donde las instituciones pierden la confianza ciudadana. La corrupción facilita la operación del crimen organizado, mientras que la impunidad envía un mensaje claro: no importa cuán graves sean los crímenes, la probabilidad de enfrentar consecuencias es mínima. Este círculo vicioso, argumenta Maldonado Aranda, refuerza la percepción de que la seguridad en Michoacán es poco más que una ilusión sostenida por apariencias y medidas temporales.
Otra cara de este poliedro de la inseguridad es la delincuencia de cuello blanco, representada por actores incrustados en la clase política y la burocracia partidista. Esta forma de criminalidad no solo facilita la operación del crimen organizado, sino que también crea condiciones propicias para su expansión. Es común que los burócratas se enriquezcan con recursos públicos, desviando fondos destinados a seguridad, desarrollo social o infraestructura para llenar sus bolsillos, mientras dejan a las comunidades desprotegidas y vulnerables. Este saqueo institucional no solo los convierte en parte integral del problema de la inseguridad, sino que su omisión deliberada y complicidad activa los hacen responsables directos del crecimiento de la violencia.
Sandra Ley y Guillermo Trejo, en su libro Votos, Drogas y Violencia, describen cómo las zonas grises entre el Estado y los grupos criminales se expanden constantemente. Políticos de todos los partidos han recurrido a recursos ilícitos para garantizar escaños en el poder, y en muchos casos, la línea entre el crimen y la política es prácticamente inexistente. La omisión criminal de estos actores no solo perpetúa la inseguridad, sino que destruye la confianza ciudadana y refuerza la percepción de que el Estado es incapaz o está coludido con los intereses que dice combatir. Este 2025, es imperativo reconocer que sin un combate frontal a esta corrupción enquistada, cualquier estrategia de seguridad será una ilusión condenada al fracaso.
Cuando las instituciones fallan en proveer seguridad, el desencanto social crece, y con él, la tentación de buscar soluciones rápidas, autoritarias y simplistas que prometen restaurar el orden a cualquier costo. Sin embargo, las soluciones fáciles son trampas que perpetúan el ciclo de violencia y corrupción. El pesimismo, por su parte, emerge como un caldo de cultivo perfecto para el populismo, este último atajo de los improvisados.
El 2025 no puede ser otro año de discursos sostenidos por estadísticas a modo o estrategias reactivas. Es urgente abordar las raíces estructurales del problema: combatir la corrupción, garantizar justicia efectiva y construir un sistema que no premie la impunidad. La criminalidad no es solo un desafío de seguridad, es una amenaza existencial para la democracia y la cohesión social.