Autoridades del gobierno del estado, han estado difundiendo un estudio de México Evalúa que coloca a Michoacán en la posición número uno del país con menor índice de impunidad.
Según este estudio, denominado Hallazgos 2023 y auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación alemana Friedrich Naumann para la Libertad (FNF), Michoacán presenta una impunidad del 76.25%. Aunque esta cifra refleja un sistema menos congestionado, no necesariamente implica un acceso pleno y efectivo a la justicia. En otras palabras, un índice de impunidad más bajo no se traduce automáticamente en mayor justicia, más bien se debe a un modelo de gestión eficaz para descongestionar la fiscalía mediante salidas alternas a los procesos judiciales tradicionales.
Este enfoque emplea políticas de descongestión procesal a través de mecanismos alternativos como acuerdos reparatorios, mediación y criterios de oportunidad, permitiendo resolver conflictos sin la necesidad de un juicio completo. Estas salidas procesales, contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ofrecen una respuesta rápida a las carpetas de investigación y alivian significativamente la carga de trabajo de la fiscalía.
Este “modelo de gestión” tiene aspectos positivos notables. Al reducir el rezago en los tribunales y agilizar la resolución de casos, mejora el acceso a la justicia para aquellos delitos donde las partes pueden llegar a un acuerdo sin necesidad de un juicio prolongado. Además, en teroría, permite a la fiscalía concentrar sus recursos en casos de mayor complejidad y gravedad, optimizando el uso de tiempo y recursos y aumentando su capacidad de respuesta.
En palabras del propio estudio: “De lo que se trata es de aproximarnos a la capacidad del sistema para dar respuesta a los casos que conoce, pero se precisa de un análisis mucho más desagregado y cualitativo si lo que queremos es dilucidar si las respuestas otorgadas a los casos son las adecuadas o no, si se están usando correctamente los mecanismos previstos por el sistema y si se están empleando herramientas de priorización”. En otras palabras, este “modelo de gestión” no asegura que las salidas procesales sean las más justas ni que garanticen un acceso pleno y equitativo a la justicia.
Aunque “el modelo de gestión” ha reducido el índice de impunidad, esto no garantiza un verdadero acceso a la justicia. La fiscalía necesita más recursos —personal, tecnología y capacitación— para enfrentar la demanda de justicia de manera más efectiva. Además, es fundamental implementar mecanismos internos y externos que combatan la corrupción, como auditorías independientes, supervisión ciudadana y evaluaciones de desempeño, para asegurar que los recursos se usen correctamente y que las personas que acudan a denunciar no sean vícctimas de corrupción. Y así construir confianza entre la ciudadanía.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, la “cifra oculta (negra)” de delitos en Michoacán —aquellos que no se denuncian o en los que no se inició una investigación— alcanza el 89.8%. Esto significa que casi nueve de cada diez delitos no llegan a conocimiento de las autoridades, lo cual refleja una profunda desconfianza en las instituciones de justicia y una percepción generalizada de ineficacia y corrupción.
Comparativamente, México presenta índices de impunidad mucho más altos que en otros países. Mientras en México la impunidad es generalizada supera el 95%, en países como Estados Unidos y Canadá los índices de impunidad se sitúan en torno al 40% y 30%, respectivamente, según estudios internacionales. En estos países, la justicia no solo se enfoca en reducir el rezago, sino en investigar y sancionar adecuadamente los delitos para asegurar la justicia y confianza de la ciudadanía. Claro, tienen más recursos y se trata de países desarrollados.
Si bien el “modelo de gestión” implementado por la Fiscalía de Michoacán presenta logros importantes, que ciertamente ha logrado disminuir el rezago procesal mediante mecanismos alternativos de resolución, resulta un tanto paradójico que autoridaes del ejecutivo estatal destaquen con tanto entusiasmo esta eficiencia del modelo en un contexto donde los niveles de impunidad en los delitos más graves alcanzan proporciones alarmantes. Según el mimo estudio, el 88.56% de los homicidios dolosos, el 97.75% de las desapariciones y el 92.33% de las extorsiones quedan sin resolución en el estado. Estas cifras evidencian una distancia inquietante entre la eficiencia de la gestión y el auténtico acceso a la justicia para las víctimas de los crímenes más atroces.
De igual forma, la alta impunidad en estos crímenes evidencia que, aunque la fiscalía gestione eficazmente las salidas procesales de las carpetas de investigación, el sistema aún falla en su obligación fundamental de brindar justicia plena en los delitos que afectan al bien más preciado: la vida y seguridad de las personas.
Aunque los avances en descongestión procesal son un paso positivo y que las autoridades insistan en que es un “logro” que la tasa de impunidad en Michoacán esté ligeramente por debajo del resto de los estados del país (donde los niveles de impunidad oscilan entre el 88% y el 100%), estas cifras no son motivo de celebración. Por el contrario, representan un recordatorio de que el sistema continúa fallando a los más afectados y sigue sin atender a miles de víctimas y sus familias, quienes permanecen sin recibir justicia, atrapadas en un ciclo de indefensión. Estos niveles de impunidad, que hemos llegado a normalizar, son gravísimos y reflejan una crisis profunda en nuestro sistema de justicia.
El verdadero desafío para las autoridades es enfrentar esta crisis generalizada de violencia e impunidad que prevacele en Michoacán, con una respuesta contundente y duradera. Hasta entonces, cualquier celebración de logros en materia de seguridad y justicia seguirá siendo, para un pueblo que vive entre la violencia y el miedo, un recordatorio amargo de que la justicia plena sigue siendo una deuda pendiente.